Cuando el concejo deliberante de Guaymallén volvió a tratar el proyecto de ordenanza sobre ferias vecinales, la primera revisión ya había dejado marcas. No se trataba de rehacer el texto desde cero, sino de entender qué observaciones habían sobrevivido al debate y cuáles quedaron en el camino.
La comisión de planeamiento recibió once propuestas de vecinos y organizaciones durante la audiencia pública de febrero. De esas once, siete se incorporaron al dictamen: la delimitación de los puestos a menos de cincuenta metros de las escuelas, el horario máximo de funcionamiento hasta las veinte horas y la obligación de presentar un plan de residuos firmado por un responsable inscripto.
Lo que más discusión generó fue el artículo sobre la distancia a los accesos de los edificios públicos. La redacción original hablaba de "un radio prudencial", una fórmula que los vecinos de la zona centro consideraron demasiado vaga. En la revisión se fijó un número concreto: treinta metros lineales desde la entrada principal. Ese cambio parece menor, pero fue el que destrabó el acuerdo entre los bloques.
No todo lo que se propuso entró. La idea de crear un registro único de feriantes con validez en todo el departamento quedó afuera porque el área legal advirtió que excedía las competencias municipales. También se descartó la cláusula que obligaba a cada feriante a contratar un seguro de responsabilidad civil: los costos habrían dejado afuera a los puestos más chicos, justamente los que la ordenanza busca formalizar.
El debate dejó una enseñanza concreta: cuando una norma toca la economía de los feriantes, las exigencias deben graduarse. La versión final mantiene la obligación de inscribirse, pero establece un plazo de doce meses para que los puestos existentes regularicen su situación. Ese período de transición fue el punto de equilibrio entre el control y la viabilidad.
La ordenanza se aprobó en segunda lectura con catorce votos a favor y dos abstenciones. Ahora el ejecutivo municipal tiene noventa días para reglamentar los procedimientos de inscripción y el sistema de sanciones. Los vecinos que participaron de la audiencia pidieron que la reglamentación también se consulte antes de publicarse, algo que no es obligatorio pero que el intendente aceptó en principio.
Para quienes siguen estos temas, el detalle a observar es cómo se implementa el registro en los primeros meses. Si la experiencia de otros municipios de Mendoza sirve de referencia, la clave estará en la difusión: muchos feriantes no se acercan a las oficinas por desconocimiento, no por desinterés. La campaña de comunicación que prepare el municipio va a definir buena parte del resultado.
La revisión de esta ordenanza no fue un trámite más. Dejó un precedente sobre cómo se incorporan las observaciones vecinales y cuáles son los límites reales de una norma local. Para quienes participaron, el valor no estuvo solo en el texto final, sino en comprobar que la audiencia pública puede modificar decisiones. Ese es el tipo de aprendizaje que conviene repetir en otros expedientes.